A fines del año 1992 era preocupación creciente de un reducido grupo de abogados penalistas, la intensificación del estado de crisis que sufría la administración de justicia. En especial el fuero penal.

Deficitarios financiamientos por parte de los poderes públicos al Poder Judicial, lentitud en los trámites procesales, deterioro de la carrera judicial, estado de parálisis que preveíamos habría de sufrir la justicia en lo correccional, una legislación de fondo, de forma, prácticas y doctrinas judiciales cada día más ineficientes para enfrentar los intereses de la defensa social, riesgo creciente para la seguridad individual ante el aumento cuantitativo y cualitativo de la criminalidad, falta de una política criminal permanente y ajustada a la realidad, incertidumbre institucional en el Ministerio Público cada día, entonces, más asediado por los poderes políticos, ineficiencia e insuficiencia de los institutos carcelarios.

Preocupaba crecientemente a los abogados penalistas, para el inicio de esa década, el fracaso de las reformas legislativas en materia penal, las presiones que sufrían los magistrados, la indiferencia de los poderes políticos frente a la carrera judicial, la inobservancia de la ética profesional y lesiones a la recíproca consideración que los abogados deben darse entre sí. A punto tal que las carencias últimamente mencionadas quedaron comprendidas como fines de esta Institución en el artículo primero de su Estatuto.

En cualquier momento estas preocupaciones habrían de concitar a quienes durante años han estado consustanciados con los mismos principios en defensa de esa Casa de Justicia donde, además, muchos de quienes serían futuros socios habían aprendido y transmitido el correcto cumplimiento, que se debe, en el ejercicio de distintos ministerios.

Las primeras conversaciones, puede decirse, fundacionales ocurrieron en diciembre de 1992 y tendieron a crear una entidad de número limitado de componentes que se conformaría mediante invitaciones directas y no por vía de la solicitud de ingreso; y en eso coincidieron algunos que ya habían formulado distintas manifestaciones públicas coincidentes sobre el estado de decadencia judicial.

El 9 de marzo de 1993 se sentaron en una misma mesa los doctores Mariano Cúneo Libarona, Eduardo Oderigo, Tristán García Torres, Roberto Durrieu, Norberto Giletta, Julio Martinez Vivot, José alberto Seyahian, José Licinio Scelzi y Manuel Gallino; y esa fue la primera reunión grande de la comisión que resultaría fundadora. De inmediato fueron convocados, porque no podían dejar de estar presentes, los doctores Victor Guerrero Leconte y Eduardo Aguirre Obarrio, como así también Bernardo Rodríguez Palma, Zenón Cevallos, Lucio Herrera, José Ignacio Garona, Luis Maria Rizzi y Manuel Bayala Basombrio. Los doctores Martinez Vivot y Garcia Torrres luego de asistir a varios encuentros dieron fundadas razones para retirarse. Se sufrió también la pérdida de Luis Maria Rizzi; posteriormente la del doctor Lucio Herrera.

La Sociedad quedó constituida el martes 11 de mayo de 1993. La reunión se celebró en el Club del Progreso, local éste conseguido merced a la gestión personal del Dr. Norberto Giletta , y fuera adoptado para las reuniones que se celebraron posteriormente durante el curso de unos tres años. El acto formalmente fundador se celebró el martes 17 de agosto de ese año 1993, hecho éste que trascendió públicamente a través de algunos periódicos.

Una de las primeras normas que se dieron por unánimemente aceptadas fue la libertad de expresión de cada uno de los integrantes en los medios, en tanto no se invocara la representatividad de la Entidad cuando no se las efectuaba por disposición de la misma.

En punto al sistema de ingreso estableciose , como norma de prudencia, que cualquiera que fuera propuesto por alguno de sus miembros, su nombre sería tratado con la mayor reserva por la Mesa Directiva y luego girada a los demás fundadores bastando que la manifestación de disconformidad (que a su vez debía mantenerse en reserva), fuera suficiente para rechazar el ofrecimiento; sin perjuicio de la prosecución de conversaciones en alto grado de camaradería.

Su autoría corresponde al Dr. Roberto Durrieu que definió los fines, medios de acción, duración de la entidad y especial individualización de las personas fundadoras. Preceptuó la forma de incorporación de nuevos integrantes en la calidad de socios activos; como así también de socios correspondientes y de socios honorarios.

Se considera que todos muy calificados, fueron incorporándose en distinto tiempo hasta alcanzar, a la fecha, la cantidad de sesenta que, sumados a los actuales socios fundadores, establecen en setenta y siete el número total de socios.

Listado de Socios